Re: *ASTOUNDING* Statement by Peruvian Congressman on Free Software in the Government

[Seth Johnson <seth.johnson@RealMeasures.dyndns.org>]

Richard Stallman wrote:
> 
>       I may be visiting peru to
>     speak before their parliment in early July.
> 
> That is exciting news.  When it happens, let's be sure to announce it.
> Please tell bkuhn as soon as you know for certain.
> 
> Do you have any contact with Edgar Villanueva Nuñez?
> Do you know if his letter was written originally in Spanish?
> If so, where can we find the original?


A weblog with Nuñez' letter in Spanish:

http://www.usm.edu.ec/~amadorm/index.php?p=217&c=1


(Posted below.  I'll send the Microsoft letter to Nuñez in
the next message  -- Seth)


Lima, 08 de Abril del 2002.

 

Señor

JUAN ALBERTO GONZÁLEZ

Gerente General de Microsoft del Perú

Presente.-

 

Estimado Señor.

Ante todo, agradezco su carta del 25 de Marzo del 2002 donde
manifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al
Proyecto de Ley Nº 1609, Software Libre en la Administración
Pública, que sin duda se halla inspirada en el deseo de que
el Perú logre situarse adecuadamente en el contexto
tecnológico global. Animado de ese mismo espíritu y
convencido de que a través del intercambio de ideas claras y
abiertas hemos de encontrar las mejores soluciones, me
permito contestar mediante la presente los comentarios
incluidos en su carta.

Sin dejar de reconocer que opiniones como la suya
constituyen un aporte significativo, me hubiese resultado
aun mas valioso si, además de formular objeciones de índole
general (que luego analizaremos en detalle) hubiera agregado
argumentos sólidos sobre las ventajas que el software
propietario puede reportar al Estado Peruano y a sus
ciudadanos en general, pues ello habría permitido un
intercambio a todas luces más esclarecedor respecto de cada
una nuestras posiciones.

Con el objetivo de ordenar el debate, asumiremos que lo que
Ud. llama "software de código abierto" es lo que el Proyecto
define como "software libre", puesto que existe software
cuyo código es distribuido junto con los programas, pero no
encaja en la definición establecida en el Proyecto; y lo que
Ud. llama "software comercial" es lo que el Proyecto define
como "propietario" o "no libre", puesto que existe software
libre que se comercializa en el mercado por un precio como
cualquier otro bien o servicio. 

También es preciso dejar en claro que el propósito del
Proyecto al que nos referimos no está directamente
relacionado con la cantidad de ahorro directo que pueda
obtenerse por el empleo de software libre en las
instituciones estatales. Este es en todo caso, un valor
agregado marginal, pero de ninguna manera el foco del
objetivo del Proyecto. Los principios elementales que animan
al Proyecto se vinculan a las garantías básicas de un Estado
democrático de derecho, como:

    Libre acceso del ciudadano a la información pública.

    Perennidad de los datos públicos.

    Seguridad del Estado y de los ciudadanos.

Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la
información pública, resulta indispensable que la
codificación de los datos no esté ligada a un único
proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite
garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la
creación de software libre compatible.

Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es
indispensable que la utilización y el mantenimiento del
software no dependan de la buena voluntad de los
proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por
éstos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolución
pueda ser garantizada gracias a la disponibilidad del código
fuente.

Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad
nacional, resulta indispensable contar con sistemas
desprovistos de elementos que permitan el control a
distancia o la transmisión no deseada de información a
terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código
fuente sea libremente accesible al público para permitir su
examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran
número de expertos independientes en el mundo. Nuestra
propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del
código fuente eliminará el creciente número de programas con
*código espía*.

Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los
ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de
la información manejada por el estado, cuanto en su
condición de consumidores. En este ultimo caso, al permitir
el surgimiento de una oferta extensa de software libre
desprovisto de potencial *código espía* susceptible de poner
en riesgo la vida privada y las libertades individuales.

En este sentido, el Proyecto de Ley se limita a establecer
las condiciones en que los organismos estatales adquirirán
software en el futuro, es decir, de un modo compatible con
la garantía de esos principios básicos. 

De la lectura del Proyecto quedará claro que una vez
aprobada:

    la ley no prohibe la producción de software propietario

    la ley no prohibe el comercio de software propietario

    la ley no dicta cuál software concreto usar

    la ley no dicta a que proveedor se compra el software

    la ley no limita los términos en que se puede licenciar
un producto de software.

Lo que el proyecto expresa claramente es que, el software
para ser aceptable para el Estado, no basta con que sea
técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea, sino
que además las condiciones de contratación deben satisfacer
una serie de requisitos en materia de licencia, sin los
cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano el
procesamiento adecuado de sus datos, velando por su
integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del
tiempo, porque son aspectos muy críticos para su normal
desempeño.

Estamos de acuerdo Sr. González, en el hecho de que la
tecnología de información y comunicaciones tiene un impacto
en la calidad de vida de los ciudadanos significativo (sin
que por ello sea siempre positivo o de efecto neutro).
También coincidiremos seguramente, en que los valores
básicos que he señalado arriba son fundamentales en una
nación democrática como el Perú. Desde luego estamos muy
interesados en conocer cualquier forma alternativa de
garantizar estos principios, que no sea la de recurrir al
empleo de software libre en los términos definidos en el
Proyecto de Ley. 

En cuanto a las observaciones que Ud. formula, pasaremos
ahora a analizarlas en detalle: 

En primer lugar, señala que: "1. El proyecto establece la
obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear
exclusivamente software libre, es decir de código abierto,
lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la
ley, el de no discriminación y los derechos a la libre
iniciativa privada, libertad de industria y contratación
protegidos en la constitución.".

Esta apreciación constituye un error. De ningún modo el
proyecto afecta los derechos que Ud. enumera; sólo se limita
a establecer condiciones para el empleo del software por
parte de las instituciones estatales, sin inmiscuirse en
modo alguno en las transacciones del sector privado. Es un
principio bien establecido que el Estado no tiene el amplio
espectro de libertad contractual del sector privado, pues
precisamente esta limitado en su accionar por el deber de
transparencia de los actos públicos; y en ese sentido, la
preservación del mejor interés común debe prevalecer cuando
se legisla sobre la materia.

El Proyecto protege la igualdad ante la Ley, pues ninguna
persona natural o jurídica esta excluida del derecho de
ofrecer estos bienes al Estado en las condiciones fijadas en
el Proyecto y sin más limitaciones que las establecidas en
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (T.U.O.
por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM).

El Proyecto no introduce discriminación alguna, pues sólo
establece *como* han de proveerse estos bienes (lo cual es
una potestad estatal) y no *quien* ha de proveerlos (lo que
en efecto resultaría discriminatorio si se impusieran
restricciones basadas en origen nacional, raza, religión,
ideología, preferencia sexual, etc.) Por el contrario, el
Proyecto es decididamente antidiscriminatorio. Es así porque
al determinar sin lugar a dudas las condiciones de provisión
del software, impide a los organismos estatales el uso de
programas cuyo licenciamiento incluya condiciones
discriminatorias.

Resulta obvio por lo expuesto en los dos párrafos previos,
que el Proyecto no atenta contra la libre iniciativa
privada, pues esta puede elegir siempre bajo que condiciones
producirá el software; algunas de estas serán aceptables
para el Estado, y otras no lo serán porque contrarían la
garantía de los principios básicos enumerados arriba. Esta
libre iniciativa es desde luego, compatible con la libertad
de industria y con la libertad de contratación (en los
términos acotados en que el Estado puede ejercer esta
última). Cualquier sujeto privado puede producir software en
las condiciones que el Estado lo requiere, o puede
abstenerse de hacerlo. Nadie esta forzado a adoptar un
modelo de producción, pero si desea proveer software al
Estado, deberá proporcionar los mecanismos que garantizan
los principios básicos, y que son los manifestados en el
Proyecto.

A manera de ejemplo: nada en el texto del Proyecto impediría
a su empresa ofrecer a los organismos del Estado su "suite"
de oficina, en las condiciones definidas en el Proyecto y
fijando el precio que ustedes consideren conveniente. Si no
lo hiciera, no se deberá a restricciones impuestas por la
ley, sino a decisiones empresariales respecto al modo de
comercializar sus productos, decisiones, en que el Estado no
tiene participación.

A continuación señala Ud. que: "2. El proyecto, al hacer
obligatorio el uso de software de código abierto,
establecería un tratamiento discriminatorio y no competitivo
en la contratación y adquisición de los organismos
públicos..."

Esta afirmación no es sino una reiteración de la anterior, y
por ende se encuentra contestada lineas arriba. Pero
detengámonos un instante en su apreciación sobre el
"tratamiento ... no competitivo."

Por cierto, al definir cualquier tipo de adquisición, el
comprador fija condiciones que se relacionan con el uso
propuesto del bien o servicio. Desde luego ello excluye a
ciertos fabricantes de la posibilidad de competir, pero no
los excluye "a priori", sino en base a una serie de
principios decididos por la voluntad autónoma del comprador,
en tanto el proceso se lleve a cabo conforme a la ley. Y en
el Proyecto se estable que *nadie* esta excluido de competir
en tanto garantice el cumplimiento de los principios
básicos.

Además el Proyecto *estimula* la competencia, pues alienta a
generar oferta de software con mejores condiciones de
usabilidad, y a optimizar trabajos ya establecidos, en un
modelo de mejora constante.

De otro lado, el aspecto central de la competitividad es la
oportunidad de proporcionar al consumidor mejores opciones.
Ahora bien, es imposible desconocer que el marketing no
juega un papel neutral a la hora de presentar la oferta al
mercado (pues admitir lo contrario habilitaría a suponer que
las inversiones que las empresas realizan en marketing
carecen de sentido), y por consiguiente un gasto
significativo en este rubro puede influir las decisiones del
comprador. Esta influencia del marketing queda en buena
medida mitigada por el proyecto que propulsamos, pues la
elección dentro del marco propuesto recae en el *mérito
técnico* del producto y no en el esfuerzo de
comercialización del productor; en este sentido, la
competitividad se acentúa, pues el más pequeño productor de
software puede competir en un pie de igualdad con la más
poderosa de las corporaciones.

Es necesario recalcar que no hay posición más
anti-competitiva que la de los grandes productores de
software propietario, que frecuentemente abusan de su
posición dominante, porque en innumerables casos proponen
como soluciones a problemas planteados por los usuarios:
"actualice su software a la nueva versión" (con cargo para
el usuario, por supuesto); además, son comunes las
interrupciones arbitrarias de asistencia técnica para
productos que al sólo juicio del proveedor, son "antiguos";
luego para recibir algún grado de asistencia técnica, el
usuario se ve obligado a migrar (con costo no trivial,
especialmente porque suele involucrar cambios de la
plataforma de hardware) a nuevas versiones. Y como toda la
infraestructura esta consolidada en formatos de datos
propietarios, el usuario queda "atrapado" en la necesidad de
continuar empleando los productos del mismo proveedor, o
realizar el enorme esfuerzo de cambiar a otro ambiente
(también probablemente propietario).

Agrega Ud.: "3. Así, al obligar al Estado a favorecer un
modelo de negocios que apoyaría exclusivamente el software
de código abierto, el proyecto sólo estaría desalentando a
las compañías fabricantes locales e internacionales que son
las que verdaderamente realizan importantes inversiones,
crean un significativo número de puestos de empleos directos
e indirectos, además de contribuir al PBI vs. Un modelo de
software de código abierto que tiende a tener un impacto
económico cada vez menor debido a que crea principalmente
empleos en servicio."

No estoy de acuerdo con lo que Ud. afirma. En parte por lo
que Ud. mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto
del peso relativo de los servicios en el contexto del uso de
software. Esta contradicción, de por sí, invalidaría su
postura. El modelo de servicios, adoptado por gran número de
corporaciones en la industria informática, es mucho más
significativo, en términos económicos y con tendencia
creciente, que el licenciamiento de programas.

Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la
más amplia libertad para elegir el modelo económico que mas
convenga a sus intereses, aunque esta libertad de elección
quede muchas veces oscurecida de manera subliminal por las
desproporcionadas inversiones en marketing de los
productores de software propietario.

Adicionalmente, de la lectura de su opinión se desprendería
que el mercado Estatal es crucial e imprescindible para la
industria del software propietario, a tal punto que la
opción que el Estado establece en este proyecto, eliminaría
completamente del mercado a estas empresas. Si es así,
deducimos que el Estado estaría subsidiando a la industria
del software propietario. En el supuesto negado que esto
fuese cierto, entonces el Estado tendría el derecho en
aplicar los subsidios al área que considere de mayor valor
social; resultaría innegable, en esta improbable hipótesis,
que si el Estado decide subsidiar software debería hacerlo
escogiendo el libre por encima del propietario, atendiendo a
su efecto social y al uso racional de los dineros de los
contribuyentes. 

Respecto de los puestos de trabajo generados por el software
propietario en países como el nuestro, estos tratan
mayoritariamente tareas técnicas de poco valor agregado; a
nivel local, los técnicos que prestan soporte a software
propietario producido por empresas transnacionales no están
en condiciones de solucionar un bug, no necesariamente por
falta capacidad técnica o talento, sino porque no disponen
del código fuente a reparar. Con software libre se crea
empleo técnicamente más calificado y se genera un marco de
libre competencia donde el éxito esta sólo vinculado a la
capacidad de brindar buen soporte técnico y calidad de
servicio, se estimula el mercado y se incrementa el
patrimonio común del conocimiento, abriendo alternativas
para generar servicios de mayor valor agregado y mejor
perfil de calidad beneficiando a todos los actores:
productores, prestadores de servicios y consumidores.

Es un fenómeno común en los países en vías de desarrollo que
las industrias locales de software obtienen la mayoría de
sus ingresos en el área de servicios, o en la construcción
de software "ad hoc". Por lo tanto, cualquier impacto
negativo que la aplicación del Proyecto pueda tener en este
sector se verá compensado con creces por un aumento de la
demanda de servicios (a condición de que estos sean
prestados conforme a altos estándares de calidad). Desde
luego, es probable que las empresas transnacionales de
software si deciden no competir conforme a estas reglas de
juego, sufran alguna disminución de ingresos en términos de
facturación por licenciamiento; pero considerando, que estas
empresas alegan sostenidamente que mucho del software
empleado por el Estado fueron copiados ilegalmente, se verá
que el impacto no ha de ser extremadamente serio.
Ciertamente, en todo caso su fortuna estará determinada por
leyes del mercado, cuyos cambios no es posible evitar;
muchas empresas tradicionalmente asociadas con el software
propietario ya han emprendido un camino firme (apoyado por
cuantiosas inversiones) para prestar servicios asociados con
el software libre, lo cual demuestra que los modelos no son
mutuamente excluyentes.

Con este Proyecto el Estado está decidiendo que requiere
preservar ciertos valores fundamentales. Y lo decide en base
a sus potestades soberanas, sin afectar con ello ninguna de
las garantías constitucionales. Si estos valores pueden ser
garantizados sin tener que escoger un modelo económico dado,
los efectos de la ley serían aun más beneficiosos. En todo
caso debe quedar claro que el Estado no elige un modelo
económico; si sucediera que existe un sólo modelo económico
capaz de proveer software tal que satisfaga la garantía
básicas de estos principios, se trataría de una
circunstancia histórica y no de una decisión arbitraria en
favor de un modelo dado.

Prosigue su carta: "4. El proyecto de ley impone el uso de
software de código abierto sin considerar los peligros que
esto pueda conllevar desde el punto de vista de seguridad,
garantía y posible violación de los derechos de propiedad
intelectual de terceros."

Aludir de forma abstracta "los peligros que pueda
conllevar", sin especificar siquiera una sola instancia de
esos supuestos peligros, denota cuando menos un
desconocimiento del tema. Así, pues, permítame ilustrarlo
sobre estos puntos.

Sobre seguridad:

En términos generales respecto la seguridad nacional, ya se
mencionó inicialmente en los principios básicos del
Proyecto. En términos más puntuales respecto de la seguridad
del software en sí, es bien sabido que el software
(propietario o libre) contiene errores de programación o
"bugs" (en la jerga informática) en sus lineas de código.
Pero también es público y notorio que los bugs en el
software libre son menos, y se reparan mucho mas
rápidamente, que en el software propietario. No en vano
numerosas organismos públicos responsables por la seguridad
informática de los sistemas estatales en países
desarrollados prescriben el uso de software libre a iguales
condiciones de seguridad y eficiencia.

Lo que resulta imposible probar es que el software
propietario sea más seguro que el libre, salvo mediante el
escrutinio publico y abierto de la comunidad científica y
los usuarios en general. Esta demostración es imposible
porque el propio modelo del software propietario impide este
análisis, con lo que la garantía de seguridad se basa en la
palabra bienintencionada (pero a todas luces parcial) del
propio productor o sus contratistas. 

Corresponde recordar que, en numerosos casos, las
condiciones de licenciamiento incluyen cláusulas de
Non-Disclosure que impiden a los usuarios revelar
abiertamente las fallas de seguridad halladas en el producto
propietario licenciado.

Respecto a garantía:

Como Ud. sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el
"End User License Agreement" de los productos que licencia,
en la amplísima mayoría de los casos, las garantías están
limitadas a la reposición del medio de almacenamiento si
este fuera defectuoso, pero en ningún caso se prevén
compensaciones por daños directos o indirectos, lucro
cesante, etc.. Si como consecuencia de un bug de seguridad
en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por
Uds., un atacante comprometiera sistemas cruciales para el
Estado: ¿que garantías, reparaciones y compensaciones
proporcionaría su empresa de acuerdo con sus condiciones de
licenciamiento? Las garantías del software propietario, en
tanto los programas se entregan ``AS IS'', es decir, en el
estado en que se encuentran, sin ninguna responsabilidad
adicional para el proveedor respecto a su funcionalidad, no
difieren en modo alguno de las habituales en el software
libre. 

Sobre la propiedad intelectual:

Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del
ámbito en este proyecto, pues se encuentran amparadas por
otras leyes específicas. El modelo de software libre no
implica en modo alguno desconocer estas leyes y de hecho, la
amplísima mayoría del software libre está amparado por el
copyright. En realidad, la sola inclusión de esta cuestión
en sus observaciones demuestra su confusión respecto del
marco legal en que se desenvuelve el software libre. La
incorporación de propiedad intelectual ajena en obras que
luego se atribuyen como propias no es una práctica de la que
se tenga registro en la comunidad del software libre; si lo
es, lamentablemente, en el terreno del software propietario.
Valga a titulo de ejemplo la condena de la Corte Comercial
de Nanterre, Francia, del pasado 27 de septiembre de 2001 a
Microsoft Corp., por 3 millones de francos en concepto de
daños e intereses, por violación de la propiedad intelectual
(piratería, según el desafortunado término que su empresa
suele usar en su publicidad).

Prosigue diciendo que: "5. El proyecto maneja de manera
errónea los conceptos de software de código abierto, que no
necesariamente implica que sea software libre o de costo
cero, llegando a realizar conclusiones equívocas sobre
ahorros para el Estado, sin ningún sustento costo beneficio
que valide la posición."

Esta observación no es así, en principio la gratuidad y la
libertad son conceptos ortogonales: hay software propietario
y oneroso (por ejemplo, MS Office), software propietario y
gratuito (MS Internet Explorer), software libre y oneroso
(distribuciones RedHat, SuSE, etc. del sistema GNU/Linux),
software libre y gratuito (Apache, OpenOffice, Mozilla), y
aun software que se licencia bajo diferentes modalidades
(MySQL).

Ciertamente que el software libre no es necesariamente
gratuito. Y tampoco se desprende del texto del Proyecto que
deba serlo como bien habrá notado después de leer la norma
propuesta. Las definiciones incluidas en el Proyecto
determinan claramente *que* debe considerarse software
libre, en ningún momento se refieren a la gratuidad. Si bien
se mencionan las posibilidades de ahorro en términos de lo
pagado por licencias de software propietario, los
fundamentos del proyecto hacen clara mención a las garantías
fundamentales que se pretende preservar y al estimulo del
desarrollo tecnológico local. Puesto que un Estado
democrático debe sostener estos principios, no le queda otra
solución que emplear software cuyo código fuente está
públicamente disponible e intercambiar información sólo en
formatos standares.

Si el Estado no empleara software con esas características,
estaría vulnerando principios republicanos básicos. Por
fortuna, además, el software libre implica menores costos
totales; pero aun en la hipótesis (fácilmente negada) de que
costara más que el propietario, la sola existencia de una
herramienta de software libre eficaz para una determinada
función informática obligaría al Estado a usarla; no por
imperio de este Proyecto de Ley, sino por los principios
elementales que enumeramos al comienzo y que surgen de la
esencia misma del Estado democrático de derecho.

Sigue Ud.: "6. Es equivocado pensar que el Software de
Código Abierto es gratuito. Investigaciones realizadas por
Gartner Group (importante investigadora del mercado
tecnológico reconocida a nivel mundial) han señalado que el
costo de adquisición del software (sistema operativo y
aplicaciones) se reduce a sólo 8% del total de costos que
las empresas e instituciones deben asumir como consecuencia
del uso racional y realmente provechoso de la tecnología. El
otro 92% lo constituyen: costos de implantación,
capacitación, soporte, mantenimiento, administración e
inoperatividad."

Este argumento repite lo ya señalado en el párrafo 5 y en
parte se contradice con el párrafo 3. Por lo tanto nos
remitiremos a lo allí dicho en homenaje a la brevedad. No
obstante, permítame señalarle que incurre en una conclusión
falsa en el plano lógico: que el costo de software según
Gartner Group sea sólo el 8% en promedio del costo total de
utilización, no invalida en forma alguna la existencia de
software gratuito, esto es, aquel cuyo costo de
licenciamiento es cero. 

Además en este párrafo Ud. indica acertadamente que los
componentes de servicio y las pérdidas por indisponibilidad
conforman la parte sustancial del costo total de utilización
de software; lo que, advertirá, entra en contradicción con
su afirmación del valor mínimo de los servicios sugerido en
el párrafo 3. Ahora bien, el empleo de software libre
contribuye significativamente a disminuir los restantes
costos del ciclo de vida. Esta reducción del impacto
económico de despliegue, soporte, etc. se registra en varios
campos; por un lado, el modelo competitivo de servicios del
software libre, cuyo soporte y mantenimiento es posible
contratar libremente entre una oferta variada que compite en
función de la calidad y el menor costo. Esto es válido para
la implantación, la capacitación y el soporte, y en buena
medida para el mantenimiento. En segundo lugar, por la
característica reproductiva del modelo, hace que el
mantenimiento que se realizó en una aplicación sea
replicable muy fácilmente, sin incurrir en mayores costos
(es decir, sin pagar más de una vez por lo mismo) pues las
modificaciones, si así se desea, quedan incorporadas al
patrimonio común del conocimiento. En tercero, porque el
enorme costo causado por la inoperatividad ("pantallas
azules de la muerte", código malicioso como virus, worms y
troyanos, excepciones, fallas generales de protección y
otros tantos males conocidos) se reduce significativamente
al emplear software mas estable; y es bien sabido que una de
las virtudes mas destacables del software libre es su
estabilidad.

Afirma luego que: "7. Uno de los argumentos que sustentan el
proyecto de ley es la supuesta gratuidad del software de
código abierto, comparado con los costos del software
comercial, sin tener en cuenta que existen modalidades de
licenciamiento por volumen que pueden ser sumamente
ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros
países."

He puntualizado ya que lo que está en cuestión no es el
costo del software, sino los principios de libertad de
información, accesibilidad y seguridad. Estos argumentos se
han tratado de manera extensa en párrafos anteriores, por lo
que estimaré remitirse a ellos.

Por otra parte, ciertamente existen modalidades de
licenciamiento por volumen (aunque infortunadamente, el
software propietario no satisface los principios básicos).
Pero, como Ud. acaba de señalarlo acertadamente en el
párrafo inmediatamente anterior de su carta, sólo apuntan a
reducir el impacto de un componente que importa no más del
8% del costo total.

Prosigue: "8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el
proyecto (i) es claramente más costosa por los altos costos
que supone una migración y (ii) pone en riesgo la
compatibilidad y posibilidad de interoperabilidad de las
plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el
Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que
existen de software de código abierto en

Analicemos su afirmación en dos partes. Su primer argumento,
el de que la migración supone altos costos es en realidad un
argumento en favor del Proyecto. Porque cuanto más tiempo
transcurra la migración a otra tecnología esta se tornará
mas onerosa; y al mismo tiempo se irán incrementando los
riesgos de seguridad asociados con el software propietario.
De esta manera, el uso de sistemas y formatos propietarios
va haciendo que el Estado se vuelva cada vez más dependiente
de proveedores determinados. Por el contrario, una vez
implantada la política de uso de software libre
(implantación que, es cierto, implica un costo), la
migración de un sistema a otro se hace muy sencilla, ya que
todos los datos están almacenados en formatos abiertos. Por
otra parte, la migración a un entorno de software abierto no
implica más costos que la misma entre entornos distintos de
software propietario, con lo que su argumento se invalida
totalmente.

El segundo argumento refiere a "dificultades de
interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del
Estado, y entre el Estado y el sector privado". Esta
afirmación implica un cierto desconocimiento de los
mecanismos de construcción de software libre, en el que no
se maximiza la dependencia del usuario respecto de una
plataforma determinada, como sucede habitualmente en el
campo del software propietario. Aun cuando existen múltiples
distribuciones de software libre, y numerosos programas
susceptibles de ser empleados para una misma función, la
interoperabilidad queda garantizada tanto por el empleo de
formatos estándar, exigido en el proyecto, como por la
posibilidad de construir software interoperable a partir de
la disponibilidad del código fuente.

Dice luego que: "9. El software de código abierto en su
mayoría no ofrece los niveles de servicio adecuados ni la
garantía de fabricantes reconocidos para lograr mayor
productividad por parte de los usuarios, lo cual ha motivado
que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su
decisión de ir por una solución de software de código
abierto y se encuentren utilizando software comercial en su
lugar." 

Esta observación es infundada. Respecto de la garantía su
argumento ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4.
Respecto de los servicios de soporte, es posible usar
software libre sin ellos (así como sucede también con el
software propietario) pero quienes los requieran pueden
adquirir soporte por separado, tanto de empresas locales
cuanto de corporaciones internacionales, también como en el
caso de software propietario.

Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que
nos informase acerca de proyectos de software libre
*implantados* en entidades públicas, que a la fecha hayan
sido abandonados en favor del software propietario.
Conocemos un buen número de casos en el sentido inverso,
pero carecemos de información respecto de casos en el
sentido que Ud. expone.

Continua observando que: "10. El proyecto desincentiva la
creatividad de la industria peruana de software, que factura
US$ 40 millones/año, exporta US$ 4 millones (10mo. en
ranking productos de exportación no tradicional, más que
artesanías) y es una fuente de empleo altamente calificado.
Con una Ley que incentive el uso de software de código
abierto, los programadores de software pierden sus derechos
de propiedad intelectual y su principal fuente de
retribución."

Esta claro por demás que nadie esta obligado a comercializar
su código como software libre. Tan sólo deberá tener en
cuenta que, si no lo hace, no podrá venderle al sector
público. Este, por otra parte, no constituye el principal
mercado para la industria nacional de software. Lineas
arriba hemos abordado algunas cuestiones referidas a la
influencia del Proyecto en la generación de empleo técnico
altamente calificado y en mejores condiciones de
competitividad, por lo que parece innecesario insistir aquí
en el punto.

Lo que sigue en su afirmación es erróneo. Por un lado,
ningún autor de software libre pierde sus derechos de
propiedad intelectual, a menos que por su expresa voluntad
desee colocar su obra en el dominio público. El movimiento
del software libre siempre ha sido extremadamente respetuoso
de la propiedad intelectual, y ha generado reconocimiento
público extenso a los autores. Nombres como el de Richard
Stallman, Linus Torvalds, Guido van Rossum, Larry Wall,
Miguel de Icaza, Andrew Tridgell, Theo de Raadt, Andrea
Arcangeli, Bruce Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric
Raymond, y muchos otros, son mundialmente reconocidos por
sus contribuciones en el desarrollo de software que hoy es
utilizado por millones de personas en todo el mundo, en
tanto los nombres de los autores materiales de excelentes
piezas de software propietario, permanecen en el anonimato.
Por otra parte, afirmar que las regalías por derechos de
autor constituyen la principal fuente de retribución de los
programadores Peruanos es en todo caso aventurado, en
particular porque no se ha aportado ninguna prueba al efecto
ni una demostración de como el empleo de software libre por
el Estado influiría en esta retribuciones.

Prosigue Ud. diciendo que: "11. El software de código
abierto, al poder ser distribuido gratuitamente, tampoco
permite generar ingresos para sus desarrolladores por medio
de la exportación. De esta forma, se debilita el efecto
multiplicador de la venta de software a otros países y por
lo tanto el crecimiento de esta industria, cuando
contrariamente las normas de un Gobierno deben estimular la
industria local."

Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento
total de los mecanismos y el mercado del software libre.
Intenta aseverar que el mercado de cesión de derechos no
exclusivos de uso a titulo oneroso (venta de licencias) es
el único posible para la industria informática cuando, como
Ud. mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni siquiera es el
más importante. El incentivo que el proyecto presenta al
surgimiento de una oferta de profesionales más calificados,
en conjunto con el incremento de experiencia que resultará
para los técnicos nacionales el trabajar a gran escala con
software libre en el Estado, los colocan en una posición
altamente competitiva para brindar sus servicios al
extranjero. 

Señala luego que "12. En el Foro se discutió sobre la
importancia del uso de software de código abierto en la
educación, sin comentar el rotundo fracaso de esta
iniciativa en un país como México, en donde precisamente los
funcionarios del Estado que fundamentaron el proyecto, hoy
expresan que el software de código abierto no permitió
brindar una experiencia de aprendizaje a alumnos en la
escuela, no se contó con los niveles de capacitación a nivel
nacional para dar soporte adecuado a la plataforma, y el
software no contó y no cuenta con los niveles de integración
para la plataforma que existen en las escuelas."

Efectivamente, en México se dio marcha atrás con el proyecto
Red Escolar. Eso se debió, precisamente a que los impulsores
del proyecto mexicano tuvieron al costo de las licencias
como principal argumento, en vez de las otras razones
estipuladas en nuestro proyecto y que son mucho más
esenciales. Debido a este error conceptual, y como
consecuencia de la falta de apoyo efectivo por parte de la
SEP (Secretaria de Educación Publica) se asumió que para
implementar software libre en las escuelas, bastaba con
quitarle a éstas el presupuesto para software y en cambio
enviarles un CD ROM con GNU/Linux. Por cierto, esto falló y
no podía ser de otro modo, tal como fallan los laboratorios
escolares en los que se usa software propietario si no hay
presupuesto para implementación y mantenimiento. Es
precisamente por eso que nuestro proyecto de ley no se
limita a indicar la mandatoriedad del uso de software libre,
sino que reconoce la necesidad y ordena la creación de un
plan de migración viable, en el que el Estado encamine
ordenadamente la transición técnica para lograr disfrutar de
las ventajas del software libre.

Finaliza Ud. con una pregunta retórica: "13. Si el software
de código abierto satisface todos lo requerimientos de las
entidades del Estado ¿por que se requiere de una Ley para
adoptarlo? ¿No debería ser el mercado el que decida
libremente cuáles son los productos que le dan más
beneficios o valor?".

Estamos de acuerdo que en el sector privado de la economía,
es el mercado quien debe decidir que productos usar y allí
no sería admisible ninguna intromisión estatal. Pero en el
caso del sector público, el razonamiento no es el mismo:
Como ya establecimos el Estado almacena, manipula y
transforma información que no le pertenece, sino que la ha
sido confiada por los ciudadanos que, por imperio de la ley,
no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a
esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas
para salvaguardar la integridad, confidencialidad y
accesibilidad de esa informaciones. El empleo de software
propietario arroja serias dudas sobre el cumplimiento de
estos atributos, a falta de evidencia concluyente al
respecto y por lo tanto no es apto para ser usado en el
sector público. 

La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la
materialización de los principios fundamentales antes
enunciados en el campo específico del software. Por otro, en
el hecho de que el Estado no es una entidad ideal homogénea,
sino que esta compuesto de múltiples organismos con diversos
grados de autonomía de decisiones. Dado que el software
propietario es inapropiado para ser empleado, el hecho de
establecer estas reglas en la ley impediría que la decisión
discrecional de cualquier funcionario ponga en riesgo la
información que pertenece a los ciudadanos. Y, sobre todo,
porque constituye una reafirmación actualizada en relación
con los medios de tratamiento y comunicación de información
empleados hoy en día, sobre el principio republicano de
publicidad.

Conforme a este principio universalmente aceptado, el
ciudadano tiene derecho a conocer toda información en poder
del Estado que no esté amparada en una declaración fundada
de secreto conforme a la ley. Ahora bien, el software trata
información y es en sí mismo información. Información en
formato especial, susceptible de ser interpretada por una
máquina para ejecutar acciones, pero sin duda información
crucial porque el ciudadano tiene legítimo derecho a saber,
por ejemplo, como se computa su voto o se calculan sus
impuestos. Y para ello, debe poder acceder libremente al
código fuente y probar a su satisfacción los programas que
se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de
sus impuestos.

Saludo a Ud. con las expresiones de mi mayor consideración,
reiterando que mi despacho siempre estará abierto a que
expongan sus puntos de vista al detalle que Ud. crea
conveniente.

Atentamente,



DR. EDGAR DAVID VILLANUEVA NUÑEZ

Congresista de la República del Perú.

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